Por ROSARIO ESPINAL
Por décadas, funcionarios civiles y militares del gobierno dominicano en alianza con los sectores empresariales más explotadores del país, y sus voceros en los medios de comunicación, han propagado tres falacias sobre la migración haitiana y el estatus de los inmigrantes y sus descendientes en República Dominicana. La sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 del 23 de septiembre 2013 ha reavivado el debate, y de nuevo resuenan estas falacias.
Primera falacia: las ONG con financiamiento internacional son las culpables de la invasión de haitianos y sus reclamos.
No es así. La migración haitiana precede la existencia de las ONG en República Dominicana. En 1937, cuando Trujillo mató a miles de haitianos en la frontera, mientras simultáneamente arremetía contra los dominicanos disidentes en el resto del país, no había ONG y los haitianos ya estaban presentes.
Que quede claro: la migración haitiana no ha sido promovida por las ONG, sino por los gobiernos dominicanos para suplir mano de obra barata a los empresarios y al propio gobierno; primero en el sector azucarero y luego en diversos renglones. La irresponsabilidad gubernamental ha creado el desorden migratorio que ahora es difícil resolver.
Segunda falacia: el Estado Dominicano es soberano, y por tanto, puede decidir lo que considere pertinente en materia migratoria.
No es exactamente así. El Estado Dominicano es soberano, pero la soberanía no significa que un Estado pueda hacer lo que le plazca con los seres humanos. En el mundo democrático cada Estado está sometido a un orden jurídico nacional e internacional. Si yerra en la formulación de leyes o en su aplicación, tiene que ser cuestionado y rectificar. De no ser así, entonces el mundo estaría constantemente inmerso en guerras civiles o internacionales.
El nacionalismo xenófobo es una estrategia política comúnmente utilizada por los gobiernos que se posicionan al margen de las leyes. Buscan así concitar el apoyo de la población que acríticamente asume como buena y válida las políticas discriminatorias contra algunos grupos.
Que quede claro: la virulenta explotación de la mano de obra y el nacionalismo xenófobo han sido los dos principales obstáculos para detener la migración ilegal haitiana y solucionar adecuadamente la situación del estatus de los descendientes de haitianos nacidos y criados en República Dominicana.
Tercera falacia: para ejercer su soberanía, República Dominicana debe apartarse de las instancias internacionales que cuestionan sus decisiones.
Veamos. El gobierno dominicano puede retirarse de cualquier instancia internacional: de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Corte, de la Organización Internacional del Comercio, etc. Puede romper relaciones con los países que supuestamente quieren imponerse en materia migratoria como Estados Unidos, Francia y Canadá, y puede romper relaciones con Haití.
Y entonces, ¿qué será de República Dominicana? ¿Dónde exportará sus productos? ¿Qué turistas vendrán? ¿Cuán seguros estarán los dominicanos de que sus derechos serán protegidos si los de otros fueron vulnerados?
¡Adelante señores nacionalistas! Rompan relaciones con todos los organismos internacionales y con todos los países que supuestamente complotan contra la nacionalidad dominicana y su soberanía. Si así sucediera, hasta muchos dominicanos de pura cepa (si los hay) saldrán huyendo del país.
Los jueces del Tribunal Constitucional pueden disfrazarse con togas imponentes para emitir sentencias. Leonel Fernández puede propagar por el mundo que los descendientes de haitianos han vivido auto-engañados. Danilo Medina puede prometer consultar con otros poderes. Muchos pueden decir que la sentencia es la “solución definitiva” al problema (la nueva falacia). Pero nada de eso podrá encubrir los yerros de la Sentencia TC168/13 y sus efectos legales y sociales nocivos para el país.
