El “hombre del maletín’’

Dalton Herrera / Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo


El expediente acusatorio en el caso Odebrecht, sometido por la Procuraduría General de la República, señala que 17 obras construidas por la empresa brasileña, incluida la termoeléctrica de Punta Catalina, fueron adjudicadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana utilizando una estructura corporativa de empresas offshore, pertenecientes al acusado y a la empresa Norberto Odebrecht.

Conforme con la pieza acusatoria la termoeléctrica de Punta Catalina, adjudicada mediante contrato del 14 de abril de 2014 al consorcio local Ingeniería Estrella, representada por el ingeniero Manuel Estrella, fue contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por un monto de 2,010 millones 744 mil 751.91 dólares

También cita entre estas obras el Acueducto de la Línea Noroeste (2002), la hidroeléctrica de Pinalito (2002), hidroeléctrica de Palomino (2005), acueducto de Samaná (2005), acueducto de Hermanas Mirabal (2010), carretera de Casabito (2007), la Autopista del Coral (2008), Corredor Duarte (2009), carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar (2010), carretera El Río-Jarabacoa (2010), Corredor Duarte Dos (2011), Circunsvalación de La Romana (2012), carretera Ciabao-Sur (2012), Eco vías de Santiago (2012), y Bulevar Turístico del Este (2012).

Aduce que el imputado Rondón era la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícito en la adjudicación de estas obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, con una participación activa.

Dice que según el testimonio prestado en Brasil por Marcelo Odebrecht, el imputado Rondón fue contratado por la constructora para realizar trabajos de lobismo en el Poder Legislativo, a fin de lograr la aprobación de los préstamos para la realización de las obras, declaración que también fue corroborada por los testigos brasileños Ernesto Sá Viera Balardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ambos exjecutivos de la empresa Odebrecht. Según precisa el expediente acusatorio la actuación de Rondón se verificaba tanto en la contratación de compañía como en la aprobación de la financiación por el Congreso y luego la liberación de los pagos, estableciendo la empresa una exclusividad con el imputado, para que no actuara en favor de los competidores.

Sus operaciones
Sostiene que estas acciones eran realizadas por Rondón a través de sus compañías Lashan Corp. y Conamsa Internacional, aperturando las cuentas en el banco Meini Bank, Antigua, que contó con el apoyo de la División de Operaciones Estructuradas de la Constructora Norberto Odebrecht.

Además, el expediente establece que de forma paralela Rondón logró colocar sumas millonarias en el sistema bancario nacional a nombre de sus familiares más cercanos.

De esta manera, el empresario Rondón, quien fue señalado por la empresa Odebrecht como la persona que recibió los US$92 millones para los sobornos, habría movilizado durante el período 2007-2017 sumas superiores a los RD$844 millones y US$80 millones.

LOS 14 ACUSADOS EN CASOS DE SOBORNOS
Ángel Rondón es acusado por la Procuraduría General de la República junto a otros 13 imputados en el caso Odebrecht, incluyendo dos senadores, Julio César Valentín y Tommy Galán (del PLD), el diputado Alfredo Pacheco (PRM), el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM, y los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa. Radhamés Segura, César Sánchez, Roberto Rodríguez, el exdiputado del PRD, Ruddy González, Máximo D ’Oleo Ramírez y Bernando Castellanos, quien está en Panamá y su expediente desglosado así como el abogado Conrado Pittaluga. La Procuraduría solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los implicados en los sobornos de los US$92 millones, quienes se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el juez de la instrucción especial de Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el 6 de este mes.

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